Intervenciones partidistas en los medios de comunicación

Si bien es cierto que diversas instituciones, y a veces los propios medios de comunicación, han tratado de evitar un trato prejuicioso de las minorías y de los inmigrantes, en otros casos se ha insistido en declaraciones que trataban de relacionar, por ejemplo, inmigración y delincuencia, tal como ocurrió en marzo de 2002 cuando el entonces Ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró en una comparencia en el Senado que ‘nueve de cada diez nuevos reclusos preventivos en las cárceles españolas son extranjeros’. Con esta declaración, recogida también por el anterior Presidente del Gobierno, se quería explicar que el aumento en la tasa de delincuencia en 2001 y primeros meses de 2002 se debía al mayor incremento de la inmigración. Meses más tarde, en junio, el mismo ministro del interior declaró que el 90,3% de los nuevos ingresos de presos preventivos durante el mes de mayo habían sido extranjeros. Los datos fueron que de los 176 nuevos preventivos de mayo, 159 eran extranjeros y 17 españoles y citó como potenciales presos preventivos a los inmigrantes irregulares, dado que por su situación viven en la marginalidad y de ésta a la delincuencia el paso es muy corto. El argumento central del gobierno de entonces fue que dar a conocer estas cifras no era crear alarma social sino informar sobre la situación real. La reacción fue intensa por parte de algunos medios de comunicación, como El País, y de ONGS, sindicatos, etc. En suma, se argumentaba intentando separar a los inmigrantes irregulares de los legales (exculpando a estos últimos) y, al referirse a los irregulares, se separaba a quienes realmente delinquían de quienes estaban presos precisamente por la falta de papeles. Si se sigue la prensa del primer semestre de 2002, el baile de cifras e interpretaciones es abrumador; casi imposible de digerir por un lector medio. También aparecen explicaciones más serenas a las que se ofrece menos espacio de divulgación. Es el caso de una carta al director en el periódico EL País del 17 de julio, firmada por Isabel Corella, conocedora de Instituciones Penitenciarias, que ofrece la siguiente explicación: en el mes de mayo entraron en prisión 2000 preventivos españoles y salieron 1983, siendo el incremento al final de mayo de 17; en cuanto a los extranjeros, entran 1000 y salen 841, siendo el aumento de 159 preventivos.

Son las mismas cifras que las ofrecidas por el Ministro del Interior pero lo relevante aquí ya no son los 17 y 159 leídos por el Ministro (o sea, que el 90,34% de los nuevos ingresos era de extranjeros), sino los dos mil españoles frente a los mil extranjeros. La proporción en esta lectura se invierte y los españoles son el doble que los extranjeros. Esto sin tener en cuenta, como recuerda la autora de la carta citada, que los jueces tienden más a encarcelar de forma preventiva a los extranjeros y, también, que son más reacios a concederles la libertad provisional dado el presumible riesgo de eludir a la justicia que suponen los casos en que se carece de domicilio regular. La carta al director se publicó, pero nos podemos preguntar qué proporción de lectores, que leyeron las declaraciones del Ministro del Interior en primera página y le escucharon en televisión, leería posteriormente la carta aclaratoria de aquellas cifras.

Barbarie racista en El Ejido (2000)

La barbarie racista se apoderó de El Ejido (Almería) en el 2000 durante 24 horas. El asesinato de Encarnación López, de 26 años, el tercero cometido supuestamente por inmigrantes en dos semanas, desató el odio y una ola de violencia sin precedentes que se cobraron 22 heridos. No hubo, sin embargo, detención alguna. Las concentraciones pacíficas del sábado derivaron por la noche en brutalidad xenófoba: decenas de vecinos arrasaron locales con sello extranjero, como una mezquita, locutorios telefónicos, carnicerías y restaurantes e incendiaron varios coches. El vandalismo duró hasta las cinco de la madrugada, y se recrudeció a lo largo de todo el domingo. Extranjeros, policías, políticos y periodistas recibieron amenazas y ataques. El ministro del Interior advirtió de que el peso de la ley caería sobre el presunto asesino -un joven bajo tratamiento psiquiátrico- y sobre quienes se toman la justicia por la mano.

La violencia xenófoba desatada en El Ejido la noche del sábado prosiguió durante todo el domingo, a tal punto que el Ministerio del Interior se vio en la necesidad de enviar a 500 agentes de refuerzo procedentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, que se unían a los 150 policías ya desplazados desde Málaga, Granada, Sevilla y Madrid y a una unidad de intervenciones de la Guardia Civil.

Sólo el funeral por Encarnación López abrió por la tarde un pequeño paréntesis entre las continuas persecuciones de inmigrantes, apedreamientos, cortes de carreteras, incendios de vehículos y destrozos de negocios y locutorios. Los enfrentamientos más intensos ocurrieron en Las Norias, donde por la mañana se registró también la mayor carga de la policía, que lanzó gases lacrimógenos y pelotas de goma contra unos 300 vecinos armados con bates de béisbol, palos y barras de hierro. Allí mismo se reproducían los ataques: Primero, un centenar de jóvenes con palos incendiaba cinco vehículos al tiempo que profería amenazas y gritos contra los habitantes de la barriada, en su mayoría extranjeros. Luego, incendiaban la puerta y la fachada de una casa en cuyo interior había siete personas, entre ellas dos adolescentes. Las víctimas lograron huir saltando desde el primer piso de la vivienda a una furgoneta que la Guardia Civil les había preparado.

El asesinato de Encarnación López y la posterior detención del presunto criminal habían dado paso la víspera a una noche de pánico en la que los inmigrantes fueron objeto de violentas escenas de acoso por parte de numerosos vecinos. La tensión era tal que para dejar clara su desconexión con el crimen, un centenar de marroquíes afincados en Las Norias salió por la mañana a manifestarse contra el apuñalamiento. Llevaban los brazos en alto para indicar que la concentración tenía origen pacífico y se hacía en repulsa por los sucesos de los últimos 15 días. No les dejaron.

LA CULTURA DE LA DEPORTACIÓN

Hoy transcribo un artículo de Josep Ramoneda, publicado el 25 de mayo, el cual me ha llamado la atención y he considerado interesante comentarlo:

Casi 20 años después de la caída del muro de Berlín, la cultura de las deportaciones, que parecía erradicada para siempre, vuelve a Europa. ¿En qué consiste? Se empieza convirtiendo a unos grupos sociales determinados en responsables de todos los males de la sociedad. Se sigue negando el reconocimiento y la condición de ciudadano a las personas que los componen, es decir, se les rebaja su condición humana. Y se acaba proponiendo como solución el desplazamiento obligatorio de estas personas, ya sea para expulsarlas, ya sea para internarlas en lugares piadosamente llamados “centros de estancia temporal de inmigrantes”. Esto ocurre hoy, a la vista de todos, en una Europa que nació precisamente para que estas cosas no volvieran a ocurrir nunca más.

Las víctimas son ahora los inmigrantes que consiguen llegar a nuestras tierras sin papeles. Como entonces, se trata por igual a hombres, mujeres y niños. La reagrupación familiar se ha convertido en una de las obsesiones de los Gobiernos, que ven en ella un coladero de ilegales. En algunas ciudades europeas, las familias tienen que esconder a los niños para que la policía no se los lleve. La Europa de las libertades y de la hospitalidad se ha convertido en la arena de una competición para conseguir el título de “Gobierno que más inmigrantes ha expulsado en un año”. El Gobierno de Sarkozy, en Francia, ha llegado a marcar una cifra mínima de expulsiones para que el ministerio del ramo apruebe su gestión. Con lo cual queda claro que no se expulsa a los inmigrantes porque se piense que así se resuelve algún problema, sino para dar satisfacción a los ciudadanos nativos, paralizados por unos miedos debidamente alimentados.

El Gobierno italiano de Berlusconi se ha estrenado con el anuncio de la caza del

inmigrante y con una ley que convierte automáticamente al ilegal en delincuente. Con estos liderazgos no es extraño que la ciudadanía se anticipe a los acontecimientos y se produzcan las primeras turbas. Las palabras y los hechos de los gobernantes italianos -reclamándose del fascismo y lanzándose a la carga de los gitanos- han provocado cierta alarma e incluso la Unión Europea ha emitido alguna señal de preocupación. Con la nueva ley, decenas de miles de personas en Italia serán delincuentes por el solo hecho de estar allí. ¿En qué cárceles les meterán? ¿Vamos a volver a los tiempos de los campos de concentración? ¿Los echarán a patadas para que vuelvan a la primera oportunidad? El espectáculo de encarnizamiento con los parias es todo menos edificante. Hasta la Iglesia católica se ha dado cuenta. Inmediatamente han aparecido defensores de las hazañas berlusconianas: no hay peligro, Italia no va hacia el fascismo. Y los argumentos con que se apoya la afirmación son dos: primero, que la mano dura con la inmigración es lo que la gente quiere, y segundo, que Italia sólo es pionera, que toda Europa camina hacia un periodo de endurecimiento. Dos argumentos nada tranquilizadores. No porque todos lo pidan deja de ser lamentable. Y no porque todos los países lo hagan dejará de ser condenable. Al revés: entonces será ya mucho más difícil la marcha atrás. Lo que probablemente es cierto es que el virus de la cultura de la deportación ya había infestado Europa antes de que llegara Berlusconi. El Gobierno español ha ido reculando, bajo la presión del entorno mediático y político. Empezó con una regularización que fue un éxito porque convirtió en legales -es decir, en portadores de derechos y obligaciones- a 700.000 personas que estaban aquí. En vez de defender su acierto, se ha puesto a la defensiva y ha subido varios puestos en la copa de campeones de la expulsión de inmigrantes. La vicepresidenta Fernández de la Vega tuvo el honor de reaccionar ante las primeras machadas del Gobierno Berlusconi. Fue invitada al silencio.

En unos momentos en que las cosas cambian a una velocidad superior a la capacidad ciudadana de asumirlas, la sensación de inseguridad y desconcierto aprieta. Vuelven las melancolías de siempre: las religiones y los nacionalismos. Los Gobiernos se suman cargando contra la inmigración. La realidad es terca: continuarán los flujos de personas y la cultura de la deportación no acabará con ellos. En vez de preparar a la ciudadanía para el futuro, se pagan sus miedos con monedas del pasado. Y así se va tejiendo la ecuación inmigrante = ilegal = delincuente. Así se va generando la espiral de los odios. Se ha dicho estos días que el más bello eslogan del 68 era el que decía: “Todos somos judíos alemanes”. Se acerca el momento de salir a la calle a gritar: “Todos somos inmigrantes”.

Acuerdo sobre la ley de expulsión de inmigrantes ilegales

Los Gobiernos de la UE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo llegaron este miércoles en Bruselas a un acuerdo para impulsar la llamada Directiva Retorno, que establece nuevas reglas de detención y expulsión de los inmigrantes ilegales de su territorio. El compromiso alcanzado debería permitir que los ministros del Interior de los Veintisiete den luz verde al texto el jueves en una reunión en Luxemburgo y que el tema sea tratado por los eurodiputados en sesión plenaria del 16 al 19 de junio próximos en Estrasburgo.

Tras diversas reuniones, los embajadores de los Veintisiete ante la UE, miembros del Europarlamento y de la Comisión Europea lograron resolver el último punto conflictivo de la propuesta: si debía ser obligatorio brindar asistencia jurídica gratuita a las personas que serán expulsadas. Tras recibir la propuesta de la Comisión Europea acordada con los Estados miembros de la UE, el Europarlamento había manifestado su oposición a que no se garantice esa asistencia jurídica gratuita, reabriendo el debate.

Este miércoles, las partes acordaron modificar el artículo 12 referido a esa cuestión, incluyendo una referencia a la obligatoriedad de garantizar esa asistencia jurídica, aunque dejándola abierta a las particularidades de la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE. Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciertos partidos políticos, la Directiva Retorno establece las reglas para proceder a la expulsión de los ciudadanos de terceros países, incluyendo a menores, que estén en situación irregular en el territorio de la UE.
Esta expulsión o “alejamiento”, como pretende llamarlo Bruselas, se hará en avión y debe ser “voluntario dentro de lo posible”, aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de entre 6 y 18 meses.

LA MANIPULACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Hay que tener en cuenta que las encuestas y los sondeos de opinión pública deben de realizarse utilizando todas las garantías técnicas posibles en beneficio de la democrática, aunque esto no quiere decir que las encuestas y los sondeos de opinión pública no sean manipulables.

Los partidos políticos pueden hacer un uso de las encuestas en su propio beneficio. Se trata de una manipulación no directa, sino indirecta: al ser los partidos políticos los que encargan a un instituto de sondeo las encuestas, estos pueden elegir la temática a tratar en la encuesta, dejando a un lado otros temas que puedan resultarles menos beneficiosos. El público además tienda a considerar como temas más importantes aquellos de los que constantemente se oye hablar. Esta capacidad para elegir el tema de la encuesta, crea un nuevo poder: el poder de decidir qué se pregunta en un determinado momento, qué aspectos de la problemática deben de ser incluidos en las preguntas, se convierte, así pues, en un instrumento de control previo a cualquier decisión política.

Muchas polémicas políticas se pueden generar así mediante este método, es decir, pueden ser producto de manipulación de un determinado partido político u organismo, lo cual supone una manipulación de la democracia, y una manipulación de la opinión pública. La selección intencionada de los temas para ser sometidos a consulta, es una eficaz arma política. El hecho de encargar una encuesta de opinión pública nunca es un acto neutro.

El cuestionario también puede ser fuente de manipulación de las encuestas, puede ser empleado como una herramienta para influir en un sentido determinado en los resultados. A veces, basta con positivizar o negativizar la formulación de una pregunta para condicionar su repuesta.

La opinión pública puede estar rozando con estos métodos de manipulación –y otros muchos más métodos-, además también existe la propaganda como manipulación del público e influencias que varían la opinión de la población.