Si bien es cierto que diversas instituciones, y a veces los propios medios de comunicación, han tratado de evitar un trato prejuicioso de las minorías y de los inmigrantes, en otros casos se ha insistido en declaraciones que trataban de relacionar, por ejemplo, inmigración y delincuencia, tal como ocurrió en marzo de 2002 cuando el entonces Ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró en una comparencia en el Senado que ‘nueve de cada diez nuevos reclusos preventivos en las cárceles españolas son extranjeros’. Con esta declaración, recogida también por el anterior Presidente del Gobierno, se quería explicar que el aumento en la tasa de delincuencia en 2001 y primeros meses de 2002 se debía al mayor incremento de la inmigración. Meses más tarde, en junio, el mismo ministro del interior declaró que el 90,3% de los nuevos ingresos de presos preventivos durante el mes de mayo habían sido extranjeros. Los datos fueron que de los 176 nuevos preventivos de mayo, 159 eran extranjeros y 17 españoles y citó como potenciales presos preventivos a los inmigrantes irregulares, dado que por su situación viven en la marginalidad y de ésta a la delincuencia el paso es muy corto. El argumento central del gobierno de entonces fue que dar a conocer estas cifras no era crear alarma social sino informar sobre la situación real. La reacción fue intensa por parte de algunos medios de comunicación, como El País, y de ONGS, sindicatos, etc. En suma, se argumentaba intentando separar a los inmigrantes irregulares de los legales (exculpando a estos últimos) y, al referirse a los irregulares, se separaba a quienes realmente delinquían de quienes estaban presos precisamente por la falta de papeles. Si se sigue la prensa del primer semestre de 2002, el baile de cifras e interpretaciones es abrumador; casi imposible de digerir por un lector medio. También aparecen explicaciones más serenas a las que se ofrece menos espacio de divulgación. Es el caso de una carta al director en el periódico EL País del 17 de julio, firmada por Isabel Corella, conocedora de Instituciones Penitenciarias, que ofrece la siguiente explicación: en el mes de mayo entraron en prisión 2000 preventivos españoles y salieron 1983, siendo el incremento al final de mayo de 17; en cuanto a los extranjeros, entran 1000 y salen 841, siendo el aumento de 159 preventivos.
Son las mismas cifras que las ofrecidas por el Ministro del Interior pero lo relevante aquí ya no son los 17 y 159 leídos por el Ministro (o sea, que el 90,34% de los nuevos ingresos era de extranjeros), sino los dos mil españoles frente a los mil extranjeros. La proporción en esta lectura se invierte y los españoles son el doble que los extranjeros. Esto sin tener en cuenta, como recuerda la autora de la carta citada, que los jueces tienden más a encarcelar de forma preventiva a los extranjeros y, también, que son más reacios a concederles la libertad provisional dado el presumible riesgo de eludir a la justicia que suponen los casos en que se carece de domicilio regular. La carta al director se publicó, pero nos podemos preguntar qué proporción de lectores, que leyeron las declaraciones del Ministro del Interior en primera página y le escucharon en televisión, leería posteriormente la carta aclaratoria de aquellas cifras.
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